El Gobierno nacional puso en marcha un proceso administrativo para sancionar a compañías, accionistas y prestadores de servicios vinculados a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina del Presidente, que informó que la Cancillería inició los procedimientos previstos en la legislación vigente.
Según el comunicado oficial, por instrucción del presidente Javier G. Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó acciones contra 45 sujetos, entre personas físicas y jurídicas, por presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en el área sin permiso de la República Argentina.
El Gobierno precisó que el proceso sancionatorio alcanzará no sólo a las empresas que habrían desarrollado actividades hidrocarburíferas de manera ilegítima en la plataforma continental, sino también a sus accionistas y a firmas que les brindaron servicios para facilitar esas operaciones.
En el texto, la Oficina del Presidente reafirmó la posición histórica del país sobre la soberanía en el Atlántico Sur: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quién las ocupe.”
El comunicado advierte que la ocupación británica ha intensificado recientemente la extracción de recursos naturales en la zona, lo que motivó la adopción de medidas más firmes por parte del Estado argentino.
La administración Milei definió la iniciativa como un acto de reconocimiento hacia quienes defendieron la soberanía nacional y como una señal hacia la comunidad internacional: “La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece.”
