El Gobierno puso en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil: alcance, aplicación y estructura federal
El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen Penal Juvenil previsto en la Ley 27.801, que abarca a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por delitos tipificados. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, y establece un esquema de coordinación con las provincias para el seguimiento de los jóvenes involucrados, la asistencia a las víctimas y la implementación operativa del régimen.
Según el decreto, el objetivo central del sistema es fomentar en el adolescente imputado la responsabilidad legal por sus actos y garantizar procesos de educación, resocialización e integración social.
Creación del Comité de Justicia Interministerial
La reglamentación incorpora un nuevo organismo: el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y actuará como dispositivo permanente de articulación entre distintas áreas del Estado.
Entre sus funciones principales se destacan:
- Coordinar acciones entre los ministerios involucrados.
- Elaborar lineamientos comunes para prevención, abordaje y reinserción.
- Promover el intercambio de información estadística y técnica.
- Emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación.
- Articular la ejecución de las penas previstas en la ley.
El Comité estará integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Mesa Federal: Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires
La reglamentación también crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio de coordinación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Sus funciones serán:
- Armonizar criterios técnicos y procesales entre jurisdicciones.
- Intercambiar experiencias y buenas prácticas.
- Facilitar convenios de cooperación.
- Emitir recomendaciones sobre la implementación del régimen.
La Mesa estará conformada por un representante de la autoridad de aplicación, delegados de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, y representantes de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
Entrada en vigencia
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia. El decreto reglamentario confirma que comenzará a regir de manera conjunta con la ley.
