El Gobierno nacional avanzó en la implementación de una política de protección sanitaria orientada a fortalecer el sistema público y garantizar su sostenibilidad. A través de la Resolución 1066/2026, el Ministerio de Salud reglamentó el esquema de cobro para extranjeros no residentes atendidos en hospitales nacionales, una medida que formaliza lo dispuesto por el DNU 366/2025 y actualiza criterios de la Ley de Migraciones.
El objetivo central es ordenar el acceso al sistema, priorizando la capacidad operativa destinada a los ciudadanos argentinos y asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. La normativa establece que quienes no cuenten con residencia permanente deberán abonar las prestaciones, salvo en situaciones de emergencia médica, donde el acceso seguirá siendo universal y sin restricciones. El Gobierno definió un listado amplio de casos críticos —desde infartos y ACV hasta politraumatismos, sepsis o emergencias obstétricas— que quedan totalmente exceptuados del esquema de pago.
La resolución también fija procedimientos administrativos claros para acreditar residencia y contempla excepciones temporales ante extravíos o renovaciones de DNI. Con este marco, la administración nacional busca optimizar la salud pública, proteger la infraestructura hospitalaria y garantizar que la atención prioritaria continúe enfocada en los ciudadanos argentinos, sin dejar de sostener el principio humanitario en situaciones de riesgo vital.
