La discusión por la Zona Fría volvió a encenderse, pero los números son claros: el régimen se había convertido en un subsidio universal, caro y mal dirigido, que alcanzaba a más de 260.000 hogares marplatenses sin distinguir ingresos. Todos recibían un 30% de descuento, incluso quienes no necesitaban ayuda.
La ampliación de 2021 sumó 3,1 millones de usuarios en todo el país y obligaba al Estado a cubrir cerca de USD 300 millones al año, además de cargar un recargo del 6,8% en las facturas de quienes no estaban dentro del beneficio. En la práctica, millones de argentinos subsidiaban el gas de zonas con mayor ingreso per cápita.
Los datos de consumo también lo muestran: en las zonas frías el uso de gas subió 8,8%, mientras que en el resto del país bajó 6,8%. Un incentivo distorsionado que fomentaba el gasto.
La salida del régimen afectará sobre todo a hogares de clase media que recibían el 30%, pero los sectores vulnerables seguirán cubiertos por tarifa social y segmentación, mecanismos más focalizados.
En síntesis: no es un ajuste indiscriminado, sino una corrección lógica. Se termina un subsidio masivo que beneficiaba a todos por igual y que pagaban otros. La ayuda continúa para quienes realmente la necesitan, sin distorsionar el sistema ni cargar costos injustos sobre el resto del país.
